El nuevo marco constitucional da un importante avance para construir una sociedad más próspera y equitativa, al consolidar y empoderar a los ciudadanos y a las juntas parroquiales rurales, que han venido de estar marginados del Estado no solamente porque han carecido de servicios y de atención a sus necesidades, sino, porque no se han establecido las bases para su desarrollo.
El Art. 272 de la Constitución, establece que la distribución de los fondos del Estado se canalizan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (incluye a las Juntas Parroquiales) en particular, en función del tamaño de la población, las necesidades básicas insatisfechas y en los logros en las mejoras de las condiciones de vida.
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