Frente a la decisión ilegal del Gobierno de fusionar, vía Decreto (# 40) y no por Ley, la CRM y CEDEM con la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) y la JRH con el MIDUVI, se argumenta que el emergente cambio se da porque se requiere de un “cambio de modelo” para tener eficiencia en la administración del agua, hábida cuenta de que en Manabí se invirtió en infraestructura hídrica alrededor de USD 800 millones, con pobres resultados, pero que fue aprovechado como “botín político” y para “saquear” a la provincia. Adicionalmente, por “deficiente manejo” de los sistemas de embalses y trasvases de La Esperanza y Poza Honda, por Decreto (# 69) se dispone la incautación de los bienes de Manageneración.
No obstante las decisiones, por un lado, no hay garantías de que se instauraría un nuevo modelo libre de corrupción; y, por otro, las decisiones políticas tienen serios reparos. Razones hay varias.
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